CAMPAÑA DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
1.- PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE APOYO A LA QUERELLA: Tod@s podemos participar para poner fin a la impunidad del franquismo
2.- FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN LA QUERELLA: Modalidades para
participar en la causa abierta en Argentina por la represión franquista
ante la visita de la jueza a España
3.- ESCRITO DE ADHESIÓN A LA QUERELLA: Apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo
TOD@S PODEMOS PARTICIPAR PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO
Como es públicamente conocido el 14 de abril de 2010 se interpuso una
querella ante un juzgado en lo penal de Argentina por los delitos de
genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la
dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe
cívico militar, y el 15 de junio de 1977, fecha de celebración de las
primeras elecciones democráticas.
Fue presentada por familiares de víctimas y asociaciones sociales y
de derechos humanos argentinas y españolas. A ella se han sumado ya, o
se preparan para hacerlo en lo inmediato, cientos de querellantes y
denunciantes particulares, represaliados en la última etapa de la
dictadura y asociaciones diversas: culturales, sociales, sindicales,
etc.
La querella se fundamenta jurídicamente en el principio de
jurisdicción o justicia universal, conforme al cual los tribunales de
justicia de cualquier país pueden y deben actuar cuando se cometen
crímenes que afectan y ofenden a la comunidad internacional.
En aplicación de este principio actuaron, a partir del año 1996, los
tribunales españoles respecto de los crímenes contra la humanidad
cometidos por las dictaduras argentina y chilena. Sus actuaciones,
impulsadas por el juez Baltasar Garzón, fueron refrendadas por las más
altas instancias judiciales españolas convirtiéndose en una referencia
internacional de primer orden.
Hechos como la detención de Pinochet en Londres durante más de 500
días o la condena al represor argentino Scilingo a más de mil años de
prisión por parte del Tribunal Supremo de España –ese mismo Tribunal
Supremo que hoy se niega a que sean investigados los crímenes del
franquismo–, entre otras muchas medidas que incluyeron el dictado de
cientos de órdenes internacionales de detención, contribuyeron
decisivamente a poner fin a la impunidad en Argentina y Chile.
Esa impunidad se albergaba en leyes similares a la ley de Amnistía
española que, como las leyes de punto final y obediencia debida en el
caso argentino, habían sido aprobadas en forma ampliamente mayoritaria
por un Parlamento elegido democráticamente, lo que no impidió su
anulación. Hoy, en aquellos países, hay cientos de condenados y
procesados por la comisión de crímenes de igual naturaleza que los
perpetrados por la dictadura en España.
El Tribunal Supremo de nuestro país pretende que ley de Amnistía
exime a la jurisdicción española de investigar los crímenes de la
dictadura. Soslaya dos cuestiones trascendentes: que esta ley fue
dictada antes de que se promulgara la Constitución, en consecuencia debe
interpretarse en el sentido de que no puede oponerse al derecho a la
justicia y a la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos que la Constitución proclama y, por tanto, al juzgamiento de los
responsables de crímenes contra la humanidad; y que, antes de que se
dictara, España se había comprometido internacionalmente a perseguir a
quienes cometieran hechos delictivos según los principios generales del
derecho internacional, aún en el supuesto de que dicha persecución no
estuviera prevista en el derecho interno. Crímenes imprescriptibles que,
además, y según consolidada legislación y jurisprudencia nacional e
internacional, deben ser investigados y castigados independientemente
del lugar o la fecha en que se cometieron.
No sólo se pretende volver a desaparecer a los desaparecidos, sino
también hacer desaparecer a sus desaparecedores. Se quiere impedir que
se conozcan sus crímenes, sus nombres, los de los asesinos, los de los
torturadores, los de los secuestradores de niños. Se arguye falazmente
que todos están muertos, como si los muertos y sus familiares no
necesitaran de justicia, y se omite intencionadamente que hay cientos de
víctimas y represores vivos y que estos últimos pueden y deben ser
juzgados y sancionados penalmente. Se prevarica y se encubre a sabiendas
de que se esta haciendo.
Como acreditan los casos antes mencionados, la actuación de
tribunales extranjeros es un arma poderosa en manos de los pueblos para
combatir la falta de justicia en el propio país. Se convierte, entre
otros factores, en una denuncia internacional contra la impunidad;
garantiza que las víctimas puedan declarar ante un juez; permite llevar
adelante las investigaciones judiciales que son negadas en el territorio
en que se cometió el crimen; posibilita que los responsables sean
llamados a prestar declaración y, en todo caso, que, existiendo
indicios sólidos de su participación criminal, se dicte prisión contra
los mismos librándose al efecto órdenes internacionales de detención;
revela que, ante la persecución internacional y el riesgo de ser
detenidos allí donde se los encuentre, el único lugar del mundo en que
gozan de impunidad es aquél en que perpetraron el delito.
La jueza argentina María Servini de Cubría, ante la cual recayó la
investigación, ha dado ya importantes pasos para hacer avanzar el
procedimiento. El último de ellos, el pedido de información a las
autoridades españolas sobre la existencia y ubicación de fosas comunes y
datos personales completos (y confirmación de que están vivos) de
aquellos que aparecen en el procedimiento como presuntos autores de los
crímenes investigados: torturadores; jueces que dictaron sentencia de
muerte o manifiestamente injustas; ministros responsables de haber
ordenado matanzas o que se negaron al otorgamiento de indultos; miembros
de los altos mandos de las fuerzas represivas y dirigentes de Falange;
directivos de empresas que se beneficiaron del trabajo esclavo;
responsables del secuestro, apropiación y sustitución de identidad de
menores de edad, etc.
Entre las medidas solicitadas por los querellantes y acordadas por la
jueza se encuentra la de su viaje a España, que se producirá
previsiblemente en los próximos meses. Su objetivo es tomar declaración a
todas aquellas personas que deseen presentarse como querellantes,
denunciantes o testigos en la causa. A este efecto recibirá testimonios
en la embajada argentina en Madrid y de ser posible en otras ciudades,
además de visitar sitios emblemáticos de la represión franquista.
La querella argentina constituye un sólido eslabón en la larga lucha
por conseguir verdad, justicia y reparación. Para su éxito es condición
necesaria que sea promovida y apoyada por un vasto movimiento social.
En hojas adjuntas se explican las distintas modalidades de
participación en la querella, incluso la de aquellos que sin haber sido
víctimas directas de la represión estiman que el conjunto de la sociedad
ha sido agredida por la misma y quieren hacerse presentes en la causa
abierta en Argentina.
MODALIDADES PARA PARTICIPAR EN LA CAUSA ABIERTA EN ARGENTINA POR LA REPRESIÓN FRANQUISTA ANTE LA VISITA DE LA JUEZA A ESPAÑA
Las distintas formas de participar en la mencionada causa son las siguientes:
1)
Como querellantes:
el querellante debe ser víctima directa o tener una relación de
parentesco, de cualquier grado que sea, con la víctima de hechos que
puedan estar comprendidos entre los crímenes contra la
humanidad/genocidio (asesinatos, torturas, secuestros, etc.) cometidos
durante el período abarcado por la mencionada causa (desde el 17 de
julio de 1936 y hasta el 15 de junio de 1977). Esta es la modalidad de
participación más activa en el proceso: el querellante puede impulsar la
marcha del proceso, solicitar diligencias, proporcionar elementos de
prueba, argumentar sobre ellos, y presentar recursos.
Aquellos que ya hayan presentado la querella deberán ratificarla ante la jueza durante su visita.
2)
Como denunciantes:
puede presentar una denuncia ante la jueza encargada de la causa toda
persona que se considere lesionada por uno de los hechos mencionados en
el párrafo 1), o que, sin haber sido víctima del mismo, tenga noticias
de su comisión.
3)
Como testigos:
las personas que hayan tenido conocimiento de la perpetración de uno de
los hechos mencionados en el párrafo 1) y puedan aportar datos
relativos a las circunstancias en que se produjo, quiénes fueron los
afectados, quiénes los responsables, etc.
4)
Como adherentes: cualquier persona que desee manifestar su apoyo a esta causa.
5)
Asociaciones: pueden participar en cualquiera de las modalidades descritas, a través de sus representantes legales.
REQUISITOS APLICABLES A QUERELLANTES
1. Un poder especial para pleitos otorgado ante notario, con la
apostilla de La Haya, para ser presentado ante el juzgado argentino que
tramita la causa 4591/10 caratulada “N.N. s/genocidio” del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 – Secretaría nº 1, de
la ciudad de Buenos Aires – República Argentina. Los abogados actuantes
en este momento son los siguientes:
David Baigún; Máximo Castex; Ricardo Daniel Huñis; Ana Messuti;
Carlos Alberto Slepoy y Beinusz Szmukler, todos ellos con domicilio
profesional en Avda. Corrientes 1515 – 2ª A – ciudad de Buenos Aires –
República Argentina y nº de teléfono 4374 5507, y Héctor Luis
Trajtemberg y Carlos Mariano Zamorano, ambos con domicilio profesional
en Avda. Corrientes 1785 – 2º C – ciudad de Buenos Aires – República
Argentina y nº de teléfono 4371 3939.
2. Los datos de identificación personal, acompañados de fotocopias de
las partidas de nacimiento (o libro de familia) que acrediten la
relación de parentesco con la víctima directa en el caso de familiares.
3. Relato pormenorizado de las circunstancias del delito – una
descripción clara y precisa de los hechos: asesinatos, secuestros
(“paseos”), juicios ante Consejos de Guerra o ante tribunales especiales
(como el Tribunal de Orden Público), detenciones ilegales; torturas
etc; procurando que todos estén ordenados por orden cronológico. El
escrito debe ser breve.
4. Documentos (compulsados por el organismo pertinente para que el
declarante pueda guardar los originales), tales como partidas de
nacimiento y defunción de la víctima, en su caso; documentos que
acrediten el parentesco del denunciante, si la víctima es un familiar;
sentencia de muerte en su caso; sumarios judiciales o de Consejos de
Guerra; constancia de los lugares en el que haya estado detenido (la
víctima directa o el familiar); testigos de los hechos, si los hubiera,
con indicación en este caso de sus datos personales y domicilio para que
puedan ser citados por el Juzgado y, en general, cualquier elemento de
prueba que sea útil para acreditar los hechos.
5. Si no se tuvieran pruebas como las señaladas, sino sólo
conocimiento general de los hechos, puede presentarse igualmente la
querella. En ese caso serán importantes los testimonios concurrentes de
dos o más personas sobre un mismo hecho, un mismo lugar de detención, un
mismo represor, etc. Sin embargo, aunque no se puedan obtener dichos
testimonios, dado el contexto en que se cometieron los hechos (crímenes
contra la humanidad/genocidio), será admisible la descripción de los
mismos por parte del querellante.
6. Identificación lo más precisa posible de los represores si se pudiera.
7. Actuaciones que se hayan realizado, en su caso, sean de carácter
judicial o administrativo, en procura de que fueran reparados los
daños, identificados los responsables, etc., y resultado de las mismas.
REQUISITOS APLICABLES A DENUNCIANTES:
Los señalados en los apartados 3) y 6) anteriores, así como cualquier
tipo de documentación o prueba que pueda corroborar la denuncia.
Ésta se debe canalizar preferentemente en forma personal ante el
propio Juzgado cuando se instale en España. A tal efecto deben ponerse
en contacto con los abogados actuantes (residentes en España: Carlos
Slepoy y Ana Messuti) o con las asociaciones que están participando en
la causa, para que se les instruya sobre los detalles de la
comparecencia y se solicite que por el Juzgado se fije fecha para la
declaración.
Los interesados pueden solicitar a las asociaciones a las que pertenezcan o a Carlos Slepoy (
carlosslepoy@vergara25abogados.com) o Ana Messuti (
anamessuti@gmail.com) los modelos correspondientes a las modalidades en que deseen participar, así como la información adicional que necesiten.
APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
punidad de la que han gozado y gozan los
autores de delitos calificados en la normativa internacional como
crímenes contra la hum
……………………………………………………………, con documento de identidad nº ……………………. y
domicilio en ………………………………………………………………………………………. , en relación con la
causa por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por la
dictadura franquista, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº
1 de la República Argentina, a cargo de la Jueza Dra. María Servini de
Cubría, me presento y digo que:
Expreso por todo ello mi caluroso y decidido apoyo a la querella
argentina contra los crímenes del franquismo, en la convicción de que
constituirá un sustancial aporte para poner fin a la impunidad y
conquistar la verdad y la justicia que nos son debidas.
